El recién presentado anteproyecto de la Ley del Cine de Cataluña, presentado por el gobierno tripartito de izquierda en esta comunidad autónoma española, no gusta a los dueños de los cines, que temen que la obligación -a golpe de multa- de estrenar al menos la mitad de las copias en catalán reduzca la afluencia a sus salas. Actualmente son, según las fuentes, entre el 7 y el 20% de los espectadores catalanes los que se decantan por el cine en su lengua, y sólo el 3% de las películas exhibidas en la región están dobladas o subituladas en catalán.

El consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, del partido independentista ERC, dijo que el precepto legal, en vías de discusión en el parlamento autónomo, "será el mayor paso adelante dado por el catalán desde que se crearon los medios de comunicación públicos de Cataluña". La ley contempla sanciones que pueden superar los 100.000 euros, a abonarse por parte de los distribuidores, si no subtitulan o doblan el 50% de las copias de sus películas al catalán, siempre que estrenen más de 17 copias en el territorio de la comunidad. Ello afecta fundamentalmente a las grandes compañías multinacionales, y el objetivo de las multas es que les resulte más rentable cumplir la norma que no hacerlo, ya que se incluye como sanción un porcentaje de lo recaudado por las copias en castellano.

Por el momento, las "majors" norteamericanas no se han manifestado oficialmente, pero algunas voces nacionales sí lo han hecho. En el diario El Mundo, el productor, distribuidor y exhibidor Enrique González Macho (Alta Films) dice que "los hábitos no se cambian por decreto, lo único que van a conseguir es que la gente deje de ir al cine". El empresario cree que muchos distribuidores independientes optarán por sacar al mercado menos de 17 copias para no asumir el coste del doblaje al catalán, "y el que perderá será el espectador y, por extensión, el cine".

El sector más beligerante contra la Ley de Cine catalana, a pesar de no ser el que debería pagar las multas, es el de los exhibidores, quienes a través de Pilar Sierra, responsable de los empresarios catalanes de salas declaró que no existe "más demanda" de cine en catalán. "El exhibidor no debería tener ninguna obligación más allá de lo que considere mejor para su negocio. No es que estemos en contra del catalán, es que si no hay oferta es por algo y ese algo es evidente: no hay demanda de películas en catalán".

El castellano y el catalán son lenguas cooficiales en la comunidad autónoma de Cataluña, pero mientras que prácticamente todos sus habitantes entienden el castellano, no todos conocen suficiente catalán como para entender una película doblada, y ese es el gran temor de los dueños de las salas, que se consideran las principales "víctimas" de una ley que más que cinematográfica es lingüística.